En Yucatán nos enorgullece decir que vivimos en un estado tranquilo. Sin embargo, esta tranquilidad no se sostiene únicamente con buenas intenciones ni con el esfuerzo aislado de nuestra gente. La paz cuesta, requiere estrategia, voluntad política y, sobre todo, un respaldo presupuestal sólido y permanente.
En mayo de 2025, presenté ante el Congreso del Estado una iniciativa clave: la creación del Fondo para la consolidación de la paz en México, mediante una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. Mi propuesta mantiene una lógica justa y pertinente: incentivar a aquellas entidades federativas que hacen las cosas bien en materia de seguridad y cohesión social, permitiendo que la recaudación fiscal federal contemple esos parámetros para otorgar un estímulo económico en el presupuesto.
De acuerdo con el Índice de Paz México 2026 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), los indicadores de paz evalúan la “ausencia de violencia o del miedo a la violencia” a través de cinco dimensiones clave: homicidio, delitos con violencia (como robo, asalto, violencia familiar y violencia sexual), crímenes de la delincuencia organizada (extorsión, narcomenudeo, secuestro y trata de personas), delitos cometidos con armas de fuego y la percepción del miedo a la violencia. En este sentido, Yucatán se consolida como un referente de estabilidad al posicionarse por noveno año consecutivo como el estado más pacífico del país.
Debemos ser conscientes de que esta posición privilegiada se debe a sus bajos índices delictivos; por ejemplo, en 2025 nuestro estado registró una tasa de homicidios de tan solo 1.8 muertes por cada 100,000 habitantes —diez veces menor que la media nacional de 18.1—, la tasa de delitos cometidos con armas de fuego más baja de México y el impacto económico de la violencia per cápita más reducido de toda la República, situándose en 10,785 pesos por persona frente al promedio nacional de 30,036 pesos.
Estas cifras nos dicen que estamos a tiempo. A tiempo de no normalizar los sucesos violentos que poco a poco se han ido escuchando tanto en Mérida como en los municipios del interior del estado. No podemos permitirnos el lujo de asimilar como algo cotidiano un hecho de violencia o una balacera en un fraccionamiento a plena luz del día. Si aceptamos la inseguridad como parte del paisaje, habremos perdido lo más valioso que nos distingue y por lo que la gente de Yucatán ha trabajado tanto.
Para Yucatán, este fondo representaría un beneficio histórico, alcanzando un incremento presupuestal estimado de hasta 8 mil 800 millones de pesos anuales. El Fondo para la consolidación de la paz se consolidaría por el 2.5 % de la recaudación federal participable; estos recursos estarían destinados a consolidar la paz desde la raíz: con parques seguros, infraestructura cultural, deportiva y comunitaria, acompañamiento a víctimas, salud mental e inversión estratégica en nuestras universidades para la investigación en seguridad y prevención.
Como he insistido desde que presenté la propuesta, un eje prioritario de este esfuerzo radica en la modernización de parques y espacios comunitarios con infraestructura deportiva, cultural y recreativa pensada para la unión familiar. La recuperación física de espacios públicos no funciona solo como obra civil, sino como un activador de la apropiación comunitaria. Crear y mantener entornos adecuados promueve la convivencia, fortalece el tejido social y reduce la vulnerabilidad de jóvenes y niños ante factores de riesgo como la delincuencia o el consumo de sustancias. Así, cuando en el estado tenemos infraestructura bien equipada podemos transformar lo que antes era un “espacio de riesgo” en un verdadero “espacio de protección”.
Llegando a octubre de este año, la realidad contrasta fuertemente con las urgencias del estado. Mientras diversas iniciativas redactadas a modo o aprobadas de manera fast track avanzan velozmente para responder a los intereses de unos pocos, proyectos de fondo como la iniciativa del Fondo para la consolidación de la paz permanecen congelados y resguardados en las comisiones del Congreso.
No se trata solo de un expediente archivado; se trata de frenar oportunidades reales de bienestar para las y los yucatecos. De acuerdo con el Catálogo de Iniciativas, Soluciones y Servicios de la ONU-Hábitat de 2025, los espacios públicos e infraestructuras deportivas bien mantenidos y diseñados no solo reducen la incidencia delictiva y mejoran la percepción de seguridad, sino que se consolidan como ejes vitales para la reconstrucción del tejido social y la convivencia intergeneracional. En este sentido, congelar recursos como los previstos en la iniciativa frena una estrategia integral de prevención situacional: la inversión pública en parques y centros culturales no es un gasto accesorio, sino un factor de protección que alinea la infraestructura urbana con la atención prioritaria a juventudes en riesgo, transformando entornos vulnerables en espacios seguros.
La paz no debe ser un privilegio temporal ni una casualidad presupuestal. Exigir que las iniciativas legislativas diseñadas para el impacto social real sean analizadas, debatidas y aprobadas con el mismo interés con la que se aprueban los acuerdos de cúpula, es una demanda ciudadana legítima e impostergable. Es hora de que el Congreso legisle para el bien común y le dé a Yucatán.
