Apostar por la universidad pública es mucho más que financiar aulas o pagar salarios; es, ante todo, un acto de defensa propia como sociedad. La educación superior gratuita y de calidad es el mecanismo más poderoso que tenemos para reducir las desigualdades, fomentar la movilidad social y garantizar que el talento defina el futuro de nuestros jóvenes. Fortalecer a la universidad pública es fortalecer la democracia, porque en ella se cultiva el pensamiento crítico y la ciudadanía que nuestro país necesita para enfrentar los retos del mañana.
En Yucatán, esta misión recae históricamente sobre los hombros de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Nuestra Máxima Casa de Estudios no es solo una institución académica; es un actor social y político indispensable para la estabilidad y el desarrollo del estado. Por sus pasillos han pasado quienes hoy toman las decisiones públicas y privadas que mueven a Yucatán. La UADY actúa como un termómetro de nuestra vida pública y como el semillero de las soluciones a nuestros problemas más urgentes. Dejarla sin los recursos necesarios es, en la práctica, hipotecar el desarrollo político, económico y social de nuestra entidad.
Sin embargo, la realidad financiera actual amenaza este rol estratégico. Las cifras son contundentes y dolorosas: en 2024, de más de 14,000 jóvenes que aspiraban a ingresar, la universidad solo tuvo capacidad para recibir a 4,100. Es decir, más de 8,500 estudiantes fueron rechazados, no por falta de capacidad intelectual, sino porque la institución no cuenta con la infraestructura física y humana para albergarlos.
Ante este escenario, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que la buena voluntad no basta; se necesitan garantías legales. Por ello, presentamos una iniciativa para otorgar a la UADY Autonomía Presupuestal Constitucional. El objetivo es claro: que la universidad reciba, por derecho constitucional el 5% deldel Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.
Esta medida va más allá de un simple porcentaje. Es un acto de justicia social y una inversión inteligente:
- Certeza y Estabilidad: Garantiza que el desarrollo de la UADY no dependa de la voluntad política de cada administración, sino que cuente con recursos estables a mediano y largo plazo.
- Expansión y Calidad: Dota a la universidad de los medios necesarios para ampliar su oferta educativa, abrir nuevos espacios y mantener la excelencia académica.
- Derecho Materializado: Elevar este compromiso a rango constitucional es la forma más firme de materializar el derecho humano a la educación superior para las generaciones presentes y futuras de las y los yucatecos.
La reforma busca respaldar a la universidad de los vaivenes políticos y de la incertidumbre económica de cada sexenio. Garantizar esta base financiera permitirá a la UADY planear a largo plazo, ampliar su matrícula y dignificar sus instalaciones. Darle autonomía presupuestal a nuestra universidad es la única vía para que siga siendo ese faro de luz, ciencia y verdad que Yucatán necesita para seguir creciendo con justicia.
