La pensión alimenticia sirve para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, vestido, educación y atención médica de hijas, hijos y otras personas con derecho a recibirla. Según la iniciativa, el INEGI ha documentado que 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben su pensión alimentista, y en Yucatán el Informe del Poder Judicial de 2023 reportó, en la rama familiar, 920 asuntos iniciados por diligencias de jurisdicción voluntaria por alimentos y 174 controversias en materia de alimentos, además de 189 incidencias en la rama penal. Este incumplimiento afecta de manera directa y desproporcionada a las madres, que en la mayoría de los casos son las principales cuidadoras de sus hijos.
¿Qué propone?
- Reformar la fracción I del artículo 6 de la Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, que define la violencia económica.
- Incluir de manera explícita en esa definición la omisión total o parcial en el pago de la pensión alimenticia.
- Con ello, busca visibilizar esta práctica como una forma de violencia y fortalecer los mecanismos de cumplimiento y garantía de los derechos de las personas afectadas.
¿Por qué es importante?
La falta de pago de la pensión alimenticia limita el acceso a recursos esenciales y coloca en situación de vulnerabilidad a las mujeres y a niñas, niños y adolescentes. Reconocerla como violencia económica busca fortalecer la protección de sus derechos, promover la corresponsabilidad y generar conciencia sobre las consecuencias legales y sociales de incumplir con esta obligación.
¿Qué ordenamientos modifica?
- Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán